Alerta a la ciudadanía: grave amenaza al sector salud
Por Ilse M. Escobar
El 1° de junio pasado, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación una solicitud para cancelar 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) vigentes en materia de salud sin presentar el estudio ni cumplir el plazo que exige la Ley General de Salud para llevarlo a cabo. El principal responsable de dicha propuesta es el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien aseguró que estas normas no sirven.
Las NOMs son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, que rigen a la industria y establecen medidas para asegurar la calidad de los productos y servicios que adquieren los consumidores y no representen un riesgo para la salud, la economía o el medio ambiente. Son elaborados por especialistas de cada sector y contribuyen al empoderamiento de la población. Por su parte la Secretaría de Salud expide sus propias NOMs para definir la calidad de los procesos y servicios que brinda a sus pacientes.
En otras palabras, la máxima autoridad sanitaria del país decide dejar de atender, de forma integral y especializada, el padecimiento de más de 30 enfermedades graves que aquejan a la población como la tuberculosis, lepra, el cólera, cáncer, hipertensión arterial, enfermedades epidemiológicas. Además de atenciones a salud mental, adicciones, lactancia, entre otros, y procedimientos de asistencia alimentaria.
El diputado Éctor Ramírez Barba, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Salud, ha hecho un llamado para detener esta decisión, que califica de criminal, y convoca a los pacientes, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad médica y a los ciudadanos a exigir que las Normas no sean canceladas.
La cancelación deja a millones de mexicanos en la incertidumbre respecto a diagnósticos y tratamientos de muchas enfermedades tanto en el sector público como en el privado, como el cáncer de mama, primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años. La cancelación injustificada de las NOMs es tan grave que podría dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales por parte de los funcionarios públicos responsables.
Estamos obligados a informarnos y divulgar este atropello. Sobran argumentos para lemas de campaña para acabar con este régimen.